El ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó hoy que «no es labor del Gobierno decirle a los bancos cómo manejar su cartera», en alusión a la petición del PP de que el Ejecutivo garantice que el fondo de 30.000 millones para la compra de activos llegue a las familias y las pymes.
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Efe - Madrid
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes insistió en que lo que pretende hacer el Gobierno es sacar del activo de las entidades créditos «bloqueados» porque son a muy largo plazo y, en consecuencia, darles margen para actuar.   
A partir de ahí, señaló, los bancos tienen capacidad para dar crédito a las familias y las empresas y «lo lógico» es que vaya a ellos porque estos créditos son «más dinámicos y con vencimientos menores».   
Así, insistió en que el Ejecutivo no decidirá a quién dar el dinero para asegurar que éste llega a empresas y ciudadanos.   
Solbes aseguró que el Gobierno prefiere facilitar el crédito de empresas y particulares a través de un sistema que adquiera activos de calidad de las entidades financieras, y no a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que es lo que ha propuesto el PP.   
Al ministro de Economía, esta petición del grupo popular le suena a convertir al organismo en la banca oficial, al tiempo que subrayó que prefiere el modelo aprobado porque cree que es «más razonable» y porque «nos gusta el mercado y creemos en que se puede corregir».   
El sistema aprobado por decreto ley, que recoge en el preámbulo el objetivo de que las entidades destinen el crédito a empresas y ciudadanos, es para Solbes «más eficiente, más sano y más claro».   
Así, recordó que el fondo con cargo al Tesoro cuenta con la garantía de los activos, mientras que en los créditos que concede el ICO, si una empresa tiene dificultades, ello puede afectar al dinero público.   
Solbes destacó que el Estado buscará la mejor rentabilidad ya que lo que hace es una inversión en la que no adquirirá ningún activo cuyo precio sea inferior al coste, y sin la necesidad de incurrir en gasto público, ya que la operación la hace con emisión de deuda por parte del Tesoro.   
En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que se va a recuperar todo el dinero que se inyecte al sistema, porque el Gobierno «ni presta ni regala», invierte con las máximas garantías «en nuestro país», con el fin de reactivar la economía para «regresar lo mas rápidamente posible a la senda del crecimiento».   
Respecto a la ampliación desde 20.000 hasta 10.000 euros de la garantía máxima de depósitos y de inversiones, el titular de Economía insistió en que, aunque no era necesaria, sirve para dar un «mensaje de confianza» a los ciudadanos.   
«Sus ahorros están seguros», reiteró el vicepresidente, quien aseguró que el Gobierno hará «todo lo que está en su mano para asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero y para que no falte la financiación necesaria para familias y empresas».   
Así, recordó que el sistema actual de fondo de garantía no se modificará y cuenta con recursos «más que suficientes» para garantizar todos los activos.

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