Acosado por los socialistas, el presidente navarro pone en peligro la alianza con el PP

Las relaciones entre el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) atraviesan el momento más delicado desde que en 1991 sellaron una alianza para unir fuerzas contra el PSOE. El éxito de aquel pacto fue inmediato y los resultados han sido beneficiosos, no sólo para ambas formaciones, sino también para el conjunto de los navarros. Durante varias legislaturas, UPN-PP ha gobernado con acierto y ha pilotado un proceso de modernización de Navarra que la ha situado en los puestos de cabeza de España. Sin embargo, en las últimas elecciones forales, celebradas el pasado año, la alianza presidida por Miguel Sanz no logró revalidar la mayoría absoluta y, aunque sí obtuvo una victoria incontestable, sólo pudo continuar en el poder gracias a que los socialistas renunciaron a formar Gobierno con los vasquistas de Na-Bai.
Desde entonces, puede afirmarse con toda propiedad que el equipo de Sanz gobierna «en libertad vigilada», es decir, bajo la mirada inquisidora del PSOE. Mientras este marcaje político se ha limitado a la comunidad foral, no se han producido episodios especialmente conflictivos y su influencia en la política nacional ha sido irrelevante. Hasta que ha llegado el momento de votar los Presupuestos Generales del Estado. La precaria situación parlamentaria en la que se encuentran los socialistas, que necesitan rebañar hasta el último voto para sacar las cuentas de Solbes adelante, convierte en protagonistas a los dos diputados de UPN en el Congreso. Y las presiones, directas y agobiantes, sobre Sanz no se han hecho esperar. Además, Moncloa ha maniobrado de manera maquiavélica al incrementar hasta en un 31,3% las inversiones para Navarra, con lo cual ha llevado al presidente foral a donde quería: a provocar un cisma en el PP. Ya sólo por eso, por los oscuros propósitos que encierra la maniobra del PSOE, Miguel Sanz debería haber cerrado filas con Rajoy y no haber caído en la trampa que le han tendido. El dilema no es como lo han planteado los socialistas, y ha asumido ingenuamente el propio Sanz, «si hay que apoyar los intereses de Navarra o poner por delante los intereses del PP». No hay contradicción entre los intereses de Navarra y los propósitos de Rajoy; sería inaudito que el líder popular rechazara aquello que es bueno para los navarros. Pero el deber de un dirigente nacional es procurar lo mejor para toda España. De lo contrario, caería en conductas absurdas y suicidas políticamente. Si por no incomodar a Miguel Sanz, Rajoy no votara en contra de los Presupuestos, estaría legitimando unas cuentas que castigan duramente a comunidades como La Rioja (-9,8%), Madrid (-4,7%), Murcia (-4,7), Valencia (-0,7%), Aragón (-12,15) o Canarias (-13,2%). El dirigente de UPN ha caído en el sofisma tendido por los socialistas, como si los intereses de Navarra fueran incompatibles con los del resto de España. ¿Acaso puede ser malo para los navarros lo que es bueno para los españoles?
Además, los pactos firmados hace 15 años están para ser cumplidos y no se pueden modificar de manera unilateral por razones coyunturales. Los populares y los navarristas han sabido coordinarse a la perfección durante estos años, respetando los ámbitos que le son propios a cada uno: la política foral para UPN y la nacional para el PP. Las últimas elecciones autonómicas fueron un buen ejemplo de esa cooperación fructífera y sin el apoyo masivo de los dirigentes populares, que se movilizaron ante el ascenso de Na-Bai y la ambigüedad del PSN, es probable que Miguel Sanz no estuvierta hoy al frente de Navarra.

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